Tierra del Fuego: abre sus puertas a Laboratorio multinacional para “ampliar la exclusividad” de un antirretroviral

INVESTIGACIÓN REDCOM
Se trata de la multinacional farmacéutica Bristol Myers Squibb, con quien la provincia de Tierra del Fuego a través del Laboratorio del Fin del Mundo acordó la “producción” del medicamento para el VIH: Atazanavir. La firma del acuerdo traería aparejada la extensión de la exclusividad aprovechando el estado de indefensión preocupante que existe en Argentina. Las patentes ingresarán rápidamente desde EEUU y de la Unión Europea. Una vez expirada la patente se le otorga cinco años más de exclusividad para operar en el mercado. Una de las patentes del Atazanavir venció en 2017 y la otra de bisulfato o sal de Atazanavir vence en 2019.
Uno de los grandes grupos económicos beneficiados con la política estatal es el vinculado a la industria farmacéutica y los laboratorios que operan en nuestro país. Las políticas en materia de salud, les permitirá a los laboratorios farmacéuticos patentar remedios vitales y bloquear el uso de genéricos, dificultando el acceso a la salud. Macri sigue avanzando hacia la privatización de la salud para que los más ricos sigan haciendo negocios a expensas del pueblo.

Firma del acuerdo entre Tierra del Fuego y la Bristol Myers Squibb
El 15 de agosto de 2017 la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, firmó un acuerdo con la multinacional farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) para producir un antirretroviral: el Atazanavir 300 miligramos, para pacientes que sufren VIH. La BMS transferirá tecnología para que el laboratorio del Fin del Mundo (LFM) comience a fabricar el medicamento.
El Laboratorio, en realidad, es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) creado por el gobierno de Tierra del Fuego mediante la Ley 1136, que establece la creación del “Laboratorio del Fin del Mundo Sociedad Anónima”, para que la provincia incursione en la producción y comercialización de productos farmacéuticos tales como medicamentos, antibióticos y sueros. Dicha Ley exceptúa a la empresa “estatal” del pago de todos los impuestos provinciales creados o por crearse que se deriven de los contratos y/o actividades que la sociedad del Estado realice. Quedará exenta del pago de impuestos, tasas y gravámenes provinciales, los actos constitutivos de la sociedad, quedando encuadrada en la Ley Nacional de Sociedades Nº 19550.
Para ello, el Ministro de Industria fueguino y también Presidente del Directorio del LFM, Ramiro Caballero, trabajó intensamente con su equipo ministerial para lograr una readecuación normativa que permita los beneficios de la ley de promoción industrial y los mecanismos que posibiliten la exportación de medicamentos. Lo que se busca con estos mecanismos es calificar para la “Food and Drug Administration” (FDA), la agencia responsable de la regulación de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos biológicos y derivados sanguíneos de los Estados Unidos.
Libertad de maniobra para las Compañías Farmacéuticas
El contexto nacional, en el que fue creado el Laboratorio fueguino por medio de una Ley promulgada en enero de este año para cerrar un acuerdo con la Bristol Myers Squibb en agosto -quien transferirá tecnología para la producción del antirretroviral-, está dado por las obligaciones que tiene el Estado nacional de responder, con sus compromisos económicos, a las grandes empresas multinacionales que operaron en nuestro país para derrotar electoralmente al gobierno anterior y de esta forma colocar a sus gerentes en las riendas del Estado.
Uno de los grandes grupos económicos beneficiados con la política estatal es el vinculado a la industria farmacéutica y los laboratorios que operan en nuestro país. En el mes de abril se anunció que se “flexibilizaran” los controles para la entrada de ciertos medicamentos en el mercado nacional. Mario Quintana, actual vicejefe de gabinete de Macri, era hasta antes de asumir como tal, gerente de la cadena de farmacias Farmacity. De esta forma se puede ver cuáles son los intereses a los que responden desde el Estado argentino.
El 18 de abril de este año, el presidente Mauricio Macri anunció la reducción del plazo para que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) apruebe los estudios clínicos necesarios para permitir la entrada al mercado de nuevos medicamentos. Hasta ahora, la ANMAT, un organismo regulador y fiscalizador creado en 1992, se tomaba seis meses para sus evaluaciones, pero para los “negocios de Macri y sus empresarios-ministros eso es demasiado tiempo”. A través de la Disposición 4008/2017 publicada en el Boletín Oficial -del jueves 26 de abril-, el artículo 1º indica que “las áreas técnicas intervinientes deberán expedirse en el término de 60 (sesenta) días hábiles administrativos”. En su artículo 3º precisa que en el caso de que el patrocinador presente un pedido de autorización de un estudio de farmacología clínica que esté aprobado por determinados países o por países de la OPS, “los plazos establecidos en el artículo 1° de la presente disposición serán de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles administrativos, para emitir el informe técnico final”.
Es una situación “absolutamente absurda, que después de sesenta días comience el estudio clínico”. Qué pasa si después hay un “daño o se vulneraron los derechos que son contemplados en el marco de la bioética”, es decir, los “derechos a la autonomía de la decisión y de la dignidad de las personas?”. Con todo esto “hemos quedado en un estado de indefensión preocupante, las patentes van a ingresar rápidamente desde EEUU y de Europa, y estudios jurídicos aprobarán con celeridad los medicamentos supuestamente innovadores”, denunció a Redcom Daniel Gollán, ex Ministro de Salud de la Nación y miembro de la Fundación Soberanía Sanitaria.
Esto va junto con la “anulación de las guías de patentabilidad tal como querían las multinacionales” y la aplicación de un procedimiento acelerado para las patentes estadounidenses. El anuncio de Macri sólo “les sirve a las multinacionales ya que la investigación de los laboratorios nacionales está muy acotada”, afirmó Alberto Ferrari, periodista especializado en políticas sobre medicamentos.
Monopolio Farmacéutico en la Argentina
Las políticas en materia de salud que está llevando adelante el sistema Neoliberal, les permitirá a los laboratorios farmacéuticos patentar remedios vitales y bloquear el uso de genéricos, dificultando el acceso a la salud en el país. Mientras tanto, los pacientes luchan y esperan que los organismos del Estado destraben la situación.

Fuente FGEP
De acuerdo con el Observatorio de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), el 52% de las compras de medicamentos antirretrovirales, en 2015 se hizo a través de licitaciones públicas, el 47% directas y 1% por otros mecanismos. “En ese 47% de los casos se encuentra todo un grupo de medicamentos para cuya adquisición carece de sentido realizar un concurso de precios dado que existe un único proveedor, justamente porque son medicamentos bajo patente”, indica el informe que analizó las compras públicas de medicamentos de VIH.
De este modo, los más beneficiados con la venta de medicamentos antirretrovirales al gobierno entre 2015 y 2016 fueron los laboratorios Global Farm (que es distribuidor de Bristol Myers Squibb y Msd), Gador (concesionario de Gilead), el laboratorio nacional Richmond, Kampel Martian y Jansen Cilag Farmacéutica.
En 2012, el gobierno argentino estableció las pautas para el “examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”, que indica los criterios de inventiva, novedad y aplicación industrial. “Eso fue una bomba muy grande para las multinacionales”, asegura Sonia Tarragona, directora de la Maestría de Farmacopolíticas de la Universidad Isalud. “Dicen que es inconstitucional, pero lo cierto es que esa guía ha permitido que solamente se le otorgara patentes a aquellas solicitudes que realmente significaban una innovación.”
Según el informe de la Campaña Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras, desde que la Argentina promulgó esta guía, el “95% de las aplicaciones de patentes de ARV han sido rechazadas, un incremento de la tasa de rechazo del 51%”. Un año después, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que agrupa a farmacéuticas de Estados Unidos y Japón, entre otras, demandó al gobierno argentino por esas pautas. El caso se encuentra aún en trámite en el Juzgado Civil Comercial Federal 1.
¿Qué es y por qué se creó la ANMAT?
Dos casos resonantes de intoxicación ocurridos a principios de la década de los noventa obligaron al Gobierno de turno a impulsar la creación de la ANMAT, que fue desarrollando líneas de trabajo acordes a las normas internacionales respaldadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), haciendo hincapié en la llamada “trazabilidad de los medicamentos”.
El 11 de agosto de 1992, los diarios de Argentina se hacían eco de una enfermedad de origen desconocido, que llegó a causar veinticinco muertos, la mayoría en La Plata. La razón era el consumo de un jarabe y de caramelos a base de propóleo, un producto derivado de la miel de abejas, producido por el laboratorio Huilén.
En febrero de 1993 se produjo otro caso de intoxicación masiva, que causó treinta muertos en Quilmes y Ensenada, esta vez con vino adulterado de las marcas Mansero y Soy Cuyano, elaborados por la bodega sanjuanina Nietos de Gonzalo Torraga S.A., que al parecer había sido adulterado con alcohol metílico en la provincia de Buenos Aires.
La Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), es un organismo descentralizado pero dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que en un año y medio se ha encargado de desmantelar programas sanitarios de control y prevención de diversas áreas, había sido distinguido en 2009 por la OPS como la Primera Autoridad Reguladora Regional.
Valorando la tarea del organismo en materia de fiscalización y regulación, lo que incluye la trazabilidad de los medicamentos, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzaba una clara advertencia a los laboratorios internacionales el 3 de marzo de 2015, al inaugurar el 133º periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. “Junto con la ANMAT […] estamos trabajando mucho en la generación de medicamentos públicos. Esto no tiene que enojar a ningún laboratorio ni nos tienen que poner cancerberos u observadores en la ANMAT”, afirmaba. “La ANMAT es del Estado y los que están allí tienen que responder al Estado, no a los laboratorios, y no se tiene que enojar nadie”, sentenciaba ese día la Presidenta.
En menos de dos años en el poder, el macrismo dio un viraje de 180 grados a la política pregonada por el anterior Gobierno. Macri sigue avanzando hacia la privatización de la salud para que los más ricos sigan haciendo negocios a expensas del pueblo. En un comunicado emitido por la ANMAT, el organismo aclaró, protegiéndose, que “si bien es necesario asumir un compromiso respecto al estricto cumplimiento de las pautas establecidas (NdR: en el Boletín Oficial), se les exigirá a los patrocinadores la más alta calidad en la documentación a presentar, como también celeridad en la respuesta a las requisitorias. La inobservancia de dichas pautas se traducirá en el rechazo liso y llano de la solicitud”. (Annurtv.com)
El control de un sistema
En este punto presentamos algunos casos sobre el accionar de las multinacionales farmacéuticas, entre las que se encuentra la BMS, y que ostentan el control que impide extender los medicamentos a todos los que los necesitan en Latinoamérica.

Fuente FGEP
Perú
El consumo de Atazanavir, en el Perú, supera las 80 mil pastillas al mes para 2.678 pacientes que se atienden en los distintos establecimientos del Estado. El medicamento es importado por la empresa Bristol-Myers Squibb Perú S.A. (una subsidiaria del laboratorio estadounidense), que vende su presentación de marca de manera exclusiva en el país. “Es un medicamento esencial por el que el Estado ha pagado hasta 25 veces más que un medicamento que está en competencia”, señaló Javier Llamoza, coordinador de Acción Internacional para la Salud, una organización independiente que aboga por reducir las presuntas prácticas abusivas de la industria farmacéutica.
La situación, denunciada con frecuencia por las organizaciones de pacientes con VIH, se ha mantenido a pesar de informes oficiales que recomiendan medidas precisas para reducir la distorsión comercial generada por estos derechos monopólicos. En diciembre del 2014, un informe técnico de Essalud señaló que la compra de una versión genérica del medicamento podía representar un ahorro de más de 16 millones de dólares en los últimos cinco años de vigencia de la patente, que vencerá en enero del 2019. El gasto en este producto representó el 30% del total dispuesto por la entidad para antirretrovirales hasta el 2012. Al año siguiente, la proporción fue de 53.2%.
Mientras el Estado Peruano adquiría cada pastilla del Atazanavir de Bristol Myers Squibb a 10.5 dólares, en Brasil la misma pastilla, de la misma marca, costaba 2.6 dólares. Y la brecha se acrecentaba al hacer la comparación con el costo de 0.5 dólares por pastilla en una de las variedades genéricas disponibles en el mercado internacional (la India).
En la actualidad el Ministerio de Salud del Perú debe adquirir el Atazanavir a 18.64 soles por pastilla, un precio más bajo que hace dos años, pero todavía varias veces mayor al equivalente de 4.5 soles que se paga en Colombia y a los 1.4 soles que paga el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria, una asociación global que agrupa a gobiernos, sociedad civil y sector privado para financiar la lucha contra estas enfermedades.
Las multinacionales farmacéuticas “tienen el control de un sistema que impide extender los medicamentos a todos los que los necesitan, más de 700 mil personas mueren al año en la región por causas que pudieron evitarse”. Estamos frente a un “drama de gigantescas proporciones”. El problema central son las “incoherencias entre las reglas de comercio y de propiedad intelectual con los objetivos de la salud pública y los derechos humanos”. (Abogado Germán Holguín, director de Misión Salud).
Colombia
El 25 abril pasado, Santos publicó el Decreto 670, promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para cerrar las puertas a nuevas declaratorias de interés público de medicamentos que lleven a un control de precios o a procesos de liberación de patentes.
El decreto beneficia a los laboratorios multinacionales porque modifica la norma que reglamenta el proceso de aprobación de licencias obligatorias y la nueva conformación del comité técnico encargado de evaluarlas. Ahora, en vez de ser un equipo dentro del ministerio correspondiente, será una entidad interinstitucional en la que participarán representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Dirección Nacional de Planeamiento.
En el 2016, el gobierno colombiano desistió de impulsar una licencia obligatoria para Glivec, como se conoce al medicamento Imatinib de Novartis, tras continuas presiones de funcionarios de Suiza y Estados Unidos, que amenazaban con sanciones comerciales y auguraban daños al clima de inversiones en el país. Por eso, el gobierno solo recurrió a su sistema de control de precios para abaratar una medicina que declaró de interés público y de la que dependen cerca de tres mil personas en este país. Sin embargo, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia exige ahora la revocación de dicha medida con el argumento de que puede frustrar la aspiración del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El decreto de abril no solo deja sin respaldo al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para continuar sus gestiones por la reducción del costo de las medicinas en Colombia, sino que representa un revés para la postura del país ante las fuertes presiones internacionales promovidas por la industria.
En los dos últimos años, Gaviria había resistido los embates diplomáticos de la secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza, Livia Leu, y del presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Suiza, René La Barré, quienes advirtieron que Colombia ingresaría a una “lista negra” de países que no respetan la propiedad intelectual. El ministro había capeado también las amenazas de Everett Eissenstat, asesor del senador estadounidense Orrin Hatch, quien en abril del 2016 se reunió con diplomáticos de la Embajada de Colombia en Washington y amenazó con represalias comerciales al país en caso que se aprobara una licencia obligatoria para Imatinib, como quedó registrado en un oficio de la delegación diplomática.
México
La presión del poder farmacéutico sobre la salud pública se evidencia en varias formas de control de las medicinas disponibles en cada país conforme a lo que resulte más rentable para los laboratorios. Una prueba está en cómo la trasnacional Merck Sharp & Dohme (MSD) dilató cuatro años el ingreso en México del potente antirretroviral Atripla, que esta misma corporación produce desde el 2006, para no dejar otra alternativa al Estado que seguir comprándole un cóctel de medicinas más costosas: los antirretrovirales efavirenz, emtricitabina y tenofovir. Atripla combina estos tres fármacos en una sola pastilla y cuesta la cuarta parte de lo que se paga por las formulaciones por separado.
El mismo año en que empezó a producir el medicamento, Merck Sharp & Dohme anunció que pondría en marcha un acuerdo con Gilead Sciences para distribuirlo en México a un costo de 1.032 dólares anuales por paciente. “Cuando supimos que Atripla haría más sencillo el tratamiento, que tendríamos nuestra enfermedad bajo control con menos pastillas y mejoraría nuestra calidad de vida, la mayoría quiso acceder [a este producto]”, dice una paciente mexicana de 42 años, entrevistada en reserva por The Big Pharma Project. “Pero su costo hace que no esté garantizado para todos los que la necesitan”, refiere. En efecto, el precio no se redujo, sino que se elevó hasta ser uno de los más altos de la región. En la actualidad, el costo del tratamiento con Atripla ronda los10 mil dólares por paciente al año, según los datos analizados para la investigación The Big Pharma Project, publicada por Tiempo Argentino.
Algo parecido sucede con Kaletra, un medicamento de rescate para los enfermos resistentes a los antirretrovirales estándares que vende el laboratorio estadounidense Abbott. Pese a que en el 2009 esta farmacéutica redujo en 20% el costo de la terapia con este fármaco en México, su precio sigue siendo bastante más alto que en otros países de América Latina. Según el análisis que realiza, The Big Pharma Project, Abbott vende en 2.161 dólares el tratamiento anual con Kaletra en México, mientras que en el Perú vale 650 dólares y en Colombia 214 dólares.
Desde hace varios años, una coalición de activistas por el acceso universal a los antirretrovirales, que encabeza Aids Healthcare Foundation, reclama a MSD y otros laboratorios reducir los costos de estos medicamentos en el país.
El problema de fondo en México está en que el 80% de la oferta de antirretrovirales son fármacos con patente. Por eso, el control del VIH en un país con más de 140 mil personas con este diagnóstico y doce mil nuevos casos al año le cuesta cada vez más dinero al Estado. La crisis por el acceso a las medicinas puede ser aún peor si se bloquea con candados legales la producción y fabricación de productos genéricos de bajo costo. La prueba más cercana está en Guatemala, que también tiene serios problemas para garantizar el tratamiento con Kaletra a sus pacientes.
Argentina
En el 2015 se tomó la decisión desde el Ministerio de Salud de la Nación (gestión del Dr. Daniel Gollan Ministro de Salud de la Nación, en aquél momento), de comprar el medicamento Atripla para el VIH a la India frente a los altos costos presupuestados por una multinacional farmacéutica.
Esa compra representó un ahorro a la Nación de 181 millones de pesos. El laboratorio Gador (concesionaria de la Multinacional Farmacéutica Gilead) pasó un presupuesto por el medicamento de $90 por comprimido, cada frasco para el tratamiento del VIH contiene 30 unidades es decir $2.700 el frasco, y el laboratorio Cipla de la India le vendió el genérico, a la Argentina a $4 por unidad, es decir $120 por frasco. Casi veintidós veces menor al de la Multinacional Farmacéutica, subraya Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), en diálogo con Redcom. Mientras hoy en día la Bristol Myers Squibb comercializa el Atazanavir en Argentina a $8.200 el frasco, es decir a $273,33 cada comprimido.
La compra que realizó el Estado argentino en la gestión de Cristina Kirchner fue haciendo uso de una “herramienta que se generó en la Organización Panamericana de la Salud y que se llama Fondo Estratégico y que permite comprar a través de este Fondo a otros países, en este caso a la India, a precios muy inferiores”, puntualizó el Dr. Daniel Gollan a Redcom. Esto formó parte de un paquete de medidas que se tomaron desde el Ministerio de Salud para propiciar el uso de este tipo de instrumentos y de hacerlo no
Sólo nacional sino también internacional, generando un dispositivo de compra con negociación conjunta de precios de todos los países con los grandes proveedores, sobre todo con los monopólicos. Las discusiones fueron muy arduas, pero todos los ministros de Salud de los distintos países de la Región terminaron sumándose a la iniciativa de la Argentina.
Este proyecto también estaba vinculado a un Banco de Precios para toda la región que se llevó adelante con la Unasur, cuando estaba Samper. La iniciativa fue tomada desde el Ministerio de Salud de la Nación bajo su gestión, y fue el que más datos pudo aportar para que el proyecto tenga éxito. Durante el proceso quedaron al descubierto las maniobras que hacen los distintos laboratorios de vender en distintos países, según su capacidad de pago, según la capacidad de pago de la Seguridad Social, según la capacidad de pago de cada individuo, a diferentes precios en todos los países. Es así como la Argentina “terminó pagando los medicamentos cinco veces más que Perú, Perú más que Chile, todo esto nada tiene que ver con el coste que se realiza en investigación, desarrollo y producción. Es un precio artificial que sigue parámetros financieros”, concluyó Gollan.
Pero, el mercado actual no es el mismo mercado de hace diez o quince años. En el actual, los genéricos de la India han sido comprados por las multinacionales. Realizan acuerdos comerciales para dominar el mercado, y en ese acuerdo los laboratorios, por ejemplo, de los EEUU transfieren la tecnología a la India. El problema radica en que a los países de renta media, media alta, no les pueden vender medicamentos en el marco de esos acuerdos comerciales.
Desde diciembre de 2015 la salud como derecho ha quedado desmantelado. Los medicamentos pasaron a ser una mercancía más, inaccesibles. La farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, fabricante del costoso Sofosbuvir para la hepatitis C, realiza gestiones en Argentina para obtener 39 patentes para esta pastilla: algunas por el proceso de producción, otras por la familia de componentes y algunas más por su combinación con otras medicinas. Si se aceptaran las patentes, se bloquearía la venta de los genéricos en este país hasta el año 2028. La industria nacional y organizaciones civiles están tratando de impedirlo.
Brasil: Acuerdo con la Bristol Myers Squibb
En noviembre de 2011 la BMS anunciaba en su página institucional un acuerdo de transferencia de tecnologías con el Ministerio de Sanidad Brasileño para desplegar el acceso a Reyataz® (sulfato del Atazanavir) en el Brasil. El acuerdo estuvo diseñado para transferir la capacidad y las habilidades requeridas para que al gobierno brasileño produzca una fuente sostenible -de alta calidad- de Atazanavir impulsando al gobierno a convertirse en la única fuente de Atazanavir en el Brasil.
La BMS ha trabajado en colaboración con el gobierno del Brasil durante muchos años para ayudar a mejorar y a sostener el acceso a la terapia del VIH en el país, reconociendo la consolidación demostrada del gobierno al acceso universal, según mencionaban desde BMS.
“El acuerdo de la transferencia de la tecnologías de la Compañía es una evolución innovadora que asegura una fuente sostenible de Atazanavir en el futuro para los muchos pacientes que pueden beneficiarse de la terapia en el Brasil,” dijo el presidente de Mercados Emergentes de la BMS. “El acuerdo también proporcionará una oportunidad de aumentar exponencialmente el acceso a este medicamento, y los intereses del gobierno Brasileño por ampliar su base de producción farmacéutica local.”
La Compañía transnacional transfiere la producción y la distribución del magnesio del sulfato 200 del Atazanavir de la Bristol Myers Squibb a Farmanguinhos, una unidad técnico-científica de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y al laboratorio farmacéutico oficial más grande del Ministerio de Sanidad Brasileño.
Bristol Myers Squibbtiene una prolongada consolidación al acceso cada vez mayor al remedio del VIH en configuraciones recurso-limitadas. Este acuerdo específico para el Brasil es, un ejemplo de colaboración entre la Compañía, sus socios en la sociedad civil y el gobierno, y es nuestra responsabilidad compartida de desplegar el acceso a la terapia del VIH”, añadía BMS en su página.
Pero, la sociedad civil brasileña puso en evidencia la contradicción entre los objetivos de crecimiento del país y de acceso a los medicamentos: BMS firmó ese acuerdo internacional para la fabricación local de Atazanavir que mejora las condiciones económicas vigentes en el contexto de atracción de socios tecnológicos para potenciar el desarrollo del país
Según este acuerdo de 2011, se autorizaba la producción local del medicamento y el precio unitario quedaba congelado en 1,67 dólares. Además, quedaba prohibida la producción combinada del Atazanavir con Ritonavir, una pauta de tratamiento habitual en el manejo clínico de la enfermedad.
Sin embargo, en diciembre de 2013, el laboratorio estadounidense firmó un acuerdo con la Plataforma Internacional de Patentes de Medicamentos MPP, creada para facilitar el uso de licencias en países en desarrollo a través de Unitaid, un mecanismo de financiación internacional auspiciado por la OMS que se financia en parte con fondos del Gobierno brasileño.
Los términos de ese acuerdo de la BMS con el MPP, según el análisis comparativo que ha realizado la Asociación Brasileña Interdisciplinar de Sida (ABIA), mejorarían sustancialmente las condiciones de acceso al medicamento por parte de los pacientes: el precio unitario del Atazanavir pasaría de 1,67 a 0,48 dólares. Además, no habría veto a la producción combinada de Atazanavir con Ritonavir.
La ABIA ve en el nuevo acuerdo entre BMS con la Plataforma Internacional de acceso a las patentes de medicamentos, una oportunidad para que el gobierno de Brasil dé por finalizado el acuerdo de 2011 y reoriente la política de alianzas tecnológicas de su Ministerio de Salud, basada en crear condiciones económicas atractivas para la inversión, hacia objetivos más claros de salud pública.
La Bristol Myers Squibb: Cabecera de playa en el sur argentino
Para poder concretarse la firma del acuerdo entre la BMS y la Provincia de Tierra del Fuego a través del Laboratorio del Fin del Mundo, previamente se tenía que crear un laboratorio, inexistente hasta el momento. Es decir, generar las condiciones objetivas para plasmar en una realidad concreta la estructura y estrategias de negocios. Por un lado, la búsqueda o construcción del espacio edilicio con las características necesarias para la puesta en marcha de la “producción” del medicamento en cuestión y, por otro lado, las adaptaciones o modificaciones de leyes regulatorias a tal efecto.

Los ingresos de Bristol Myers Squibb se incrementaron un 17%, respecto del año 2015. Esto se tradujo en una facturación por u$s 19.4 mil millones.
La Gobernadora Bertone, por expreso pedido del presidente Macri y con el aval del Ministerio de Salud de la Nación, eleva un proyecto de Ley a la Legislatura fueguina para crear dicho laboratorio. La Ley se aprueba por unanimidad el 15 de diciembre de 2016 y se promulga el día 5 de enero de 2017. El camino estaba allanado. La provincia ya tenía un socio, sólo faltaba encontrar o construir el espacio físico.
Lo sorprendente en este proceso son dos cuestiones; una, que ya el 13 de diciembre de 2016 se sabía sobre la existencia de tratativas con una multinacional farmacéutica que posee la patente del medicamento y que realizará la transferencia de tecnología a la provincia para su “producción”, aunque, se advirtió que los nombres de la empresa y del remedio no podían ser revelados por una cláusula de confidencialidad. Hasta el momento de redactar este informe tampoco se conoce por completo el acuerdo firmado entre la provincia y la BMS -por la misma cláusula de confidencialidad-, según expresó a Redcom el Dr. Carlos López Vicepresidente del LFM. Y la otra, que ninguna cláusula de ese tipo está incluida en el proyecto de Ley por el que se crea el “Laboratorio del Fin del Mundo”. Existiendo ya, tratativas con una empresa, la aprobación de la Ley en la Legislatura fue un mero paso administrativo.
A partir de aquel momento comienza la búsqueda de un espacio físico de entre” una o dos hectáreas”; también se conforma el directorio de la S.A., se llevan adelante las modificaciones legales para encuadrarlas en la Ley de Promoción Industrial y generar los mecanismos que posibiliten la exportación del producto; el Laboratorio inexistente como tal pasa a ser miembro pleno del Comité Ejecutivo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), siendo una S.A.
El Ministro de Industria de la provincia de Tierra del Fuego, Ramiro Caballero, es nombrado, también, como Presidente del Directorio del LFM y encargado junto a funcionarios de su ministerio de trabajar arduamente para lograr una readecuación normativa que permita, por un lado la inclusión del rubro en los beneficios de la ley de promoción industrial y, por otra parte, los mecanismos que posibiliten la exportación de los productos.
El ministro confirmó que el inmueble en el que funcionará el Laboratorio está ubicado en la calle Vito Dumas 140, en la ciudad de Ushuaia. Este dato carecería de relevancia a no ser porque, Redcom, intentó comunicarse con Caballero para que confirme las características del inmueble, y no pudo. Se googleó la dirección confirmando de que allí funciona la Empresa DAFU S.A. Una empresa que viene trabajando en la provincia fueguina desde 1980, y que hoy fabrica sus productos principalmente para el sector farmacéutico y alta cosmética. Frente al dato obtenido el Vicedirector del LFM, Dr. Carlos López, confirma que DAFU S.A es el “espacio físico donde funcionará el Laboratorio. Estamos haciendo las reformas necesarias en la empresa para estar separados. Es una empresa que trabaja hace años con la industria farmacéutica y será un socio estratégico a futuro. En este desarrollo no estaremos asociados”, afirma López.
Si bien el Dr. López expresa que un laboratorio no puede vivir de un solo producto y tiene en carpeta varios acuerdos, bajo secreto de confidencialidad con otras multinacionales, lo cierto es que la “producción” de Atazanavir a través del Acuerdo con la BMS, es el único motivo de la creación del LFM.
El acuerdo: Justificación y aceptación
El 15 de agosto se firmó el acuerdo para “producir” el medicamento Atazanavir, entre la Bristol Myers Squibb y la provincia de Tierra del Fuego a través del Laboratorio del Fin del Mundo. La compañía monopólica de origen estadounidense le transferirá tecnología al LFM para dicha “producción”, en clara consonancia con el caso brasileño descripto más arriba.
Por transferencia de tecnología se entiende: “transferir la capacidad y las habilidades requeridas” para que la provincia de Tierra del Fuego produzca una fuente sostenible -de alta calidad- de Atazanavir impulsando al gobierno a convertirse en la única fuente de Atazanavir” en la Argentina, definición de la BMS en el acuerdo con Brasil.
Es una “evolución innovadora que asegura la sostenibilidad de Atazanavir en el futuro para los muchos pacientes que pueden beneficiarse de la terapia” en Argentina. El acuerdo también “proporcionará una oportunidad de aumentar exponencialmente el acceso a este medicamento, y los intereses del gobierno” provincial por ampliar “su base de producción farmacéutica local”. Esta es la lógica con la que actúa la Bristol Myers Squibb en los distintos países de Latinoamérica, del mundo y ahora, en la Argentina.
La lógica que impregna un acuerdo
Luego de la firma del acuerdo entre Tierra del Fuego y la Bristol Myers Squibb la gobernadora Bertone pasó a presentar las bondades, no solo del acuerdo, sino también de la Empresa LFM en un intento por justificar y obviar el accionar, que la multinacional farmacéutica, viene realizando. Deslindándose, totalmente, de su espacio de pertenencia político partidario para asumir su nuevo rol al interior de la lógica Neoliberal.
Comenzó por referirse a aquél día como “histórico”, pensando en la consolidación del laboratorio estatal a futuro. Elogió al Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus y a todos los legisladores que aprobaron la iniciativa. “Hemos tenido apoyos muy importantes del ministro Lemus, de la autoridad autárquica ANPLA, que regula a los laboratorios públicos, y de todas las fuerzas políticas de la provincia en esta política de Estado que es la producción pública de medicamentos”. “Es muy importante pensar en la salud de nuestra gente con medicamentos de alta calidad a un costo menor“, destacó la gobernadora.
Es fundamental tener una “estructura productiva en Tierra del Fuego”. Una vez enterados del proyecto “la Legislatura aceptó la propuesta del gobierno” porque no solo se trata de “una fuente de medicamentos para la provincia, sino para el país y el mundo”. La puesta en marcha del Laboratorio, “se da luego de muchos meses de intenso trabajo”, estas son apreciaciones de la legisladora Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos).
Desde la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Martínez Allende, dijo ver “los primeros pasos en la vida de nuestro laboratorio público, apostamos a que la ley sea viable para todos y en ese aspecto, estamos trabajando con el compromiso que hoy refrendan estos acuerdos”.
El Presidente del Directorio del ANLAP, Adolfo Sánchez de León, expresó que “a partir de ahora el Laboratorio del Fin del Mundo va a participar en las decisiones a nivel nacional, además de permitirnos a nosotros asistirlos técnica y financieramente” destacando que “este es un gran paso para la Provincia y también para la Nación, ya que vamos a comenzar a trabajar en proyectos conjuntos para la elaboración de productos medicinales públicos”.
En tanto la legisladora de Movimiento Popular Fueguino, Mónica Urquiza, señaló que la firma del convenio nos hizo “comprender de la importancia que tiene la creación del Laboratorio del Fin del Mundo”. Desde la acción gubernamental “lo plantearon como un desafío, y desde la oposición “también, reconocemos y compartimos este tipo de emprendimientos”. La creación del Laboratorio es sinónimo de “generación de empleo, de recursos y la ampliación de la matriz productiva de la provincia. “No nos hemos equivocado en apoyar esta iniciativa”.
La legisladora Angelina Carrasco (FPV – PJ) destacó que, “el puntapié inicial se dio con la sanción de la Ley que creó el laboratorio Del Fin del Mundo, esto se enmarca en una política de Estado con medidas a mediano y largo plazo”. El acuerdo firmado “impulsa no solo el crecimiento de la matriz productiva, sino también apostar al trabajo genuino”.
Sobre los alcances del acuerdo, Carrasco confirmó que estos convenios buscan disminuir los costos en los medicamentos en todo el país, y “el Gobierno nacional será uno de los principales clientes del laboratorio Del Fin Del Mundo. La producción ya tiene un comprador y esto, para cualquier empresa, es muy importante.
La legisladora Marcela Gómez (FpV-PJ) celebró que la Provincia comience a producir medicamentos necesarios para el tratamiento del VIH”. Es uno de los grandes anhelos que tenían para Tierra del Fuego, “el ampliar y diversificar la matriz productiva, lo que implicaría sumar mayor cantidad de puestos de trabajo”. Esto no responde solo a una gestión, sino también para las venideras. Marcará el rumbo”, enfatizó Gómez.
Para dar por concluida esta lógica de presentación, justificación y bondades del producto, la Gobernadora Bertone hizo referencia a la Presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, criticando su gestión: “en lugar de pelearse con Clarín, debería haberse dedicado a temas como la reducción del precio de los medicamentos en la Argentina”. “Como peronista me hubiera gustado que en mi propia gestión de gobierno estas cosas se hubiesen hecho”, afirmó en su momento la gobernadora fueguina.

“Programa Piloto”

Desde la llegada del abogado Dámaso Pardo a la presidencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, a mediados de 2016, las farmacéuticas multinacionales tienen el camino libre para conseguir la prolongación de sus patentes e impedir el ingreso de genéricos de bajo costo en nuestro país. Antes de asumir el cargo, Pardo, un hombre de 59 años con buena reputación en los círculos empresariales, era miembro del estudio Pagbam (Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz), que asesora a transnacionales en materia de propiedad intelectual. Ahora, desde su puesto clave, se ha encargado de aprobar un acuerdo que flexibiliza la entrega de patentes.
El 20 de enero pasado, Dámaso Pardo firmó con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, un memorando de entendimiento que “busca dotar de dinamismo al procedimiento de resolución de expedientes”. El memorando de entendimiento deja de lado las pautas vigentes para la inscripción de patentes de medicinas que se aprobaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pautas que las farmacéuticas multinacionales consideran restrictivas y por las que emprendieron en bloque una demanda judicial para anularlas.
El Convenio bilateral es presentado como “Programa Piloto” para evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional y es parte de una estrategia para que las oficinas de la región acepten los resultados de patentamiento de Estados Unidos.
Esas guías buscaban evitar abusos como el “evergreening”, una práctica que consiste en introducir cambios menores en la formulación de los medicamentos para volver a patentarlos como novedades y reclamar así los derechos de explotación exclusiva.
En este marco de “puertas abiertas” para: la prolongación de patentes que impiden el ingreso de genéricos, que flexibiliza la entrega de patentes, que anulan las guías de patentabilidad las que evitaban abusos por parte de las multinacionales farmacéuticas, la gobernadora Bertone se “pliega a estas políticas” de transferencia de recursos, crea el LFM y firma un “acuerdo ya pre establecido” con la BMS. Esta “iniciativa innovadora” la da a conocer en una “conferencia de prensa realmente lamentable por los contenidos vertidos allí”. Bertone acentuó que la “producción” de medicamentos en Tierra del Fuego contribuirá al desarrollo nacional. Pero, en realidad de “desarrollo nacional no tiene nada”. Simplemente “se va a hacer un emblistado, que es un agregado de valor ínfimo. Y la formulación del medicamento no se hará en el país, advirtió a Redcom, el Dr. Gollán.
La presentación a toda la sociedad de que en la provincia de Tierra del Fuego se producirá el medicamento Atazanavir, cuando en realidad se hará el fraccionamiento y un segundo empaquetado del mismo (es decir el emblistado), es una “maniobra que atenta contra el desarrollo de los laboratorios estatales públicos”; va en contra de la compra a gran escala de todos los medicamentos que no se producen aquí a un valor accesible para la Argentina, quedando totalmente “desarticulada, por las políticas neoliberales, la posibilidad de traerlos a través de la Organización Panamericana de la Salud”.
Parte de nuestra industria nacional farmacéutica tiene una actitud completamente desmesurada en cuanto a los precios de los medicamentos. Cualquier política que provenga de un gobierno que hace de la salud un negocio hay que ser muy cautos en evaluar las conveniencias o no, sentenció Golán.
Estrategias de Evergreening
La protección de las patentes garantiza la explotación en exclusiva de la nueva molécula durante 20 años. Tras esos 20 años, los laboratorios de genéricos pueden fabricar medicamentos con el producto lo que supone una inmediata disminución de su precio y un importantísimo ahorro para las arcas públicas.
Sin embargo las multinacionales farmacéuticas han desarrollado en los últimos años estrategias para disminuir el efecto que en sus cuentas de resultados tiene el final de la patente. Estas estrategias se llaman “evergreening” o “gestión del ciclo de supervivencia” e intentan mantener los beneficios del monopolio a costa de los presupuestos públicos.
Una estrategia es la producción y comercialización de una imagen especular de la molécula original (esteroisómero) sin ninguna ventaja sobre ella. Básicamente es el mismo medicamento mirándose en un espejo pero producido, patentado y comercializado como nuevo.
Otras estrategias evergreening
Patentar combinaciones de medicamentos.
Patentar metabolitos activos de la molécula original
Patentar versiones retard
Patentar análogos estructurales
Trampas fiscales
Citizens for Tax Justice y el US Pibulc-Interes Research Group Educaion Fund publicaron un informe condenatorio sobre la evasión fiscal corporativa: Offshore Shell Games 2015. Este informe revela el grado al cual las principales compañías de EEUU usan paraísos fiscales, como las Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán y los Países Bajos para instalar “filiales” que, generalmente, no son más que un simple apartado de correos.
De las treinta primeras compañías de la lista Fortune 500 con la mayor parte del dinero en paraísos fiscales extranjeros, nueve son compañías farmacéuticas: Pfizer (74.000 millones de dólares en el extranjero), Merck (60.000 millones de dólares), Johnson & Johnson (53.000 millones de dólares), Proctor & Gamble (45.000 millones de dólares), Amgen (29.300 millones de dólares) Eli Lilly (25.700 millones de dólares), Bristol Myers Squibb (24.000 millones de dólares), AbbeVie Inc. (23.000 millones de dólares) y Abbott Laboratorios (23.000 millones de dólares).
Cada dólar que las compañías evaden en impuestos a través de los paraísos fiscales debe compensarse aumentando impuestos a las personas, recortando las inversiones y los servicios públicos o aumentando la deuda nacional.
El TPP no ha acontecido?
Hace dos años se debatía en distintos foros el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), cerrado en su momento por doce países de la costa del Pacífico. Se lo condenaba por muchas razones, en otras, por sus generosas concesiones a la Industria Farmacéutica. Hoy, el Acuerdo no se ha llevado adelante como tal, pero sí está permeando, en los distintos países, en pequeños paquetes cerrados.
Uno de estos paquetes es el inherente a la ampliación de las protecciones de las patentes para los medicamentos de marca, lo que impide que los genéricos similares, que cuestan mucho menos, entren en el mercado y, en consecuencia, hace que los precios aumenten.
Se están creando obligaciones relativas a las patentes en países que antes no las tenían. Distintos países de Oriente y América se están viendo afectados, teniendo que enfrentarse a precios muy elevados. La Argentina, no habiendo firmado en su momento el Acuerdo, está sufriendo estas consecuencias por las políticas de concesión llevadas adelante por el presidente Macri. Están afectando a los presupuestos de atención sanitaria y al acceso a medicamentos para combatir el VIH o la Hepatitis C, aumentando considerablemente el precio de la terapia.
Ya se están prolongando las patentes de medicamentos, lo que impide el lanzamiento al mercado de genéricos más asequibles. El gasto público en Canadá aumentó dos mil millones de dólares y en el propio EEUU mucha gente ya no puede permitirse pagar los medicamentos más caros que podrían salvarles la vida e intentan recurrir a los genéricos disponibles en otros países.
La ampliación de los derechos de patentes para aquellos medicamentos que pueden salvar vidas es un regalo para las grandes farmacéuticas. Es una dádiva corporativa que afecta al acceso a los medicamentos y causa muertes, en algunos países, que podrían haberse evitado. El objetivo es aumentar los beneficios de la industria y constituye un gran dilema moral, que se ha hecho más evidente en estos dos últimos años en la Argentina.
Mitos y realidades
El gasto en medicamentos no deja de aumentar año tras año, algo que se justifica alegando una mayor cobertura sanitaria y una mejor atención al paciente con la incorporación de nuevos fármacos al sistema sanitario. La industria por su parte, alega los altos costes de sus inversiones en investigación, especialmente en lo que a eficacia y seguridad de los medicamentos se refiere. Mitos que encubren una realidad muy distinta: la industria vive de la enfermedad, gasta más en aumentar sus mercados que en investigación, comercializa medicamentos que no aportan nada nuevo, proporcionan información incompleta, invierte más dinero en la expansión del mercado que en investigación y nuevos descubrimientos.
La cura y desarraigo de enfermedades no serían buenos para las multinacionales farmacéuticas cuya existencia está justificada debido a la existencia de enfermedades. La mayoría de los medicamentos sólo alivian los síntomas al tiempo que generan efectos colaterales que producen nuevas enfermedades. El continuo aumento de los precios es un factor importante en el costo de la salud y del fracaso en erradicar muchas enfermedades comunes.
La publicidad a los consumidores de los medicamentos de prescripción está desencaminada y muchos médicos la consideran incluso dañina. Se promocionan muchos medicamentos ineficaces que además tienen efectos colaterales peligrosos.
Introducir nuevos conceptos y estrategias en el debate global que se da actualmente sobre el ejercicio del Derecho a la Salud y el acceso a los medicamentos esenciales, se torna necesario.
Lamentablemente, este Derecho Humano fundamental todavía se ve obstaculizado por el actual sistema de patentes. Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado al inventor de un nuevo producto o tecnología susceptibles de ser explotados comercialmente por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación posterior de la invención. La patente se enmarca dentro de la propiedad industrial que a su vez forma parte del llamado régimen de propiedad intelectual. Hoy en la Argentina se han desmantelado las guías de patentabilidad a través de distintas resoluciones desde el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), a cargo de Dámaso Pardo.
Los medicamentos son ciertamente el resultado de investigación, usualmente de un laboratorio. Luego estos, se comercializan sujetos a la protección comercial que brindan las agencias internacionales de patentes a ese producto que contiene un principio activo nuevo, derivado de años de investigación y que es comercializado por el dueño de la patente, bajo un nombre comercial de marca registrada. Las normativas establecen que todo medicamento que tenga un nombre específico, debe ser usado solamente por esa determinada firma comercial o industrial que lo ofrece a la venta.
La patente, sin embargo, no se limita a la molécula, sino también a la formulación, mecanismo de producción, o asociación con otras moléculas. Mediante sucesión de patentes las industrias farmacéuticas buscan y consiguen prolongar el periodo de exclusividad de sus presentaciones comerciales, aun cuando presentaciones anteriores de la misma molécula hayan quedado libres.
Las patentes sin embargo, ahora se tornan en un obstáculo para el ejercicio del Derecho a la Salud y para el acceso a medicamentos por parte de sus potenciales beneficiarios: los pacientes.
Esta situación afecta a todos y en particular a las poblaciones de los Países en Vías de Desarrollo donde las patentes ya no responden al fin para las que fueron establecidas, ya que inicialmente se buscaba con ellas, como ventajas posibles, motivar la creatividad del inventor, otorgarle la garantía de que su actividad inventiva estará protegida por 20 años y será el único autorizado en explotarla. Si la patente tiene éxito comercial o industrial, el inventor se beneficia por tanto con la o las licencias de explotación que decida otorgar a terceras personas. Con la patente se trata también de evitar el plagio de inventos. Por su parte, el Gobierno, a través de la patente, promueve la creación de invenciones de aplicación industrial, fomenta el desarrollo y explotación de la industria y el comercio, así como la transferencia de tecnología.
Hoy en día, sin embargo, las desventajas son evidentes, pues las patentes dificultan la libre difusión de las innovaciones frenando el desarrollo tecnológico, se constituyen en obstáculos monopolistas opuestos a la libre competencia, dificultan el acceso a las nuevas tecnologías e información, desincentivan la investigación al establecer un período de utilización exclusiva de una tecnología sin necesidad de mejorarla.
Así, se plantea la necesidad de re-definir con mayor claridad, qué se considera innovación en materia de medicamentos, establecer el grado de respeto con ellas a la auto determinación de los países y/o estados, para que éstos estados puedan cuidar apropiadamente de la salud de sus poblaciones y mantener al mismo tiempo una racionalidad en el uso de patentes de acuerdo a sus características propias, teniendo en cuenta no solo los aspectos económicos y sus presiones, si no la perspectiva de justicia social, y respeto a derechos humanos.
Hoy, en la Argentina, el laboratorio que produce un medicamento define el precio del mismo, gracias al monopolio de patentes, impidiendo así, por varios años, que otros laboratorios produzcan el mismo fármaco o uno semejante. El mercado funciona en el sector farmacéutico muy rentablemente gracias las patentes, que permiten se impongan precio de los productos. Así, las patentes aseguran a las empresas el poder de controlar la producción y distribución, con un comportamiento claramente monopolístico.
Atazanavir y el estado de la Patente
El Atazanavir (potenciado con Ritonavir) es recomendado por la OMS como un componente de los regímenes de tratamiento antirretroviral de segunda línea en adultos. Es también conocido como ATV.
Estado de patentes
La patente para el compuesto de Atazanavir es licenciada exclusivamente a Bristol-Myers Squibb por Novartis. Su fecha de caducidad fue en 2017, y según la información disponible, la patente para el compuesto está vigente actualmente en los siguientes países de ingresos bajos o medios: Argentina, Brasil, China, Malasia, México, Pakistán, Filipinas y Sudáfrica. La solicitud de patente está pendiente en la India y Tailandia.
La patente sobre la sal bisulfato también es relevante para la producción de Atazanavir y su fecha de caducidad prevista es en 2019, y se ha concedido en los siguientes países ingresos bajos o medios: Argentina, China, Egipto, Georgia, Indonesia, Malasia, México, Pakistán, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Ucrania.
Estado de licencias
En diciembre de 2013, una licencia para la patente de Atazanavir fue otorgada al Medicines Patent Pool. La licencia tiene un alcance geográfico de 110 países, y contiene disposiciones que, bajo ciertas circunstancias, no impiden la venta a otros países donde no haya ninguna infracción a las patentes de Atazanavir.
Hasta ahora, la licencia ha sido sub-licenciada a cuatro empresas. Antes del acuerdo de licencia con el MPP, acuerdos que otorgan inmunidad ante posibles demandas fueron establecidos con tres fabricantes de genéricos, válidos para un ámbito geográfico que comprende el África subsahariana y la India (50 países). Se firmó también un acuerdo bilateral de transferencia de tecnología entre el titular de la patente y una empresa brasileña, con una licencia para la producción y venta en Brasil.
Ampliación de la exclusividad
En este marco de situación: de desmantelamiento de las guías de patentabilidad; de puerta giratoria para el ingreso desmedido y sin los controles, de patentes; de transformación de los medicamentos en una “mercancía” que no garantiza el derecho humano a la salud; de justificación de las bondades de la creación de laboratorios para allanar el camino a multinacionales farmacéuticas, se da en la Provincia de Tierra del Fuego la posibilidad, a la Multinacional monopólica Bristol Myers Squibb, de la ampliación de la exclusividad de patente por el medicamento para el HIV Atazanavir (en su versión bisulfato o sales de Atazanavir).
Es decir, mantendrán los beneficios del monopolio a costa de los presupuestos públicos mediante una de las estrategias “evergreening”, por medio de la cual podrán continuar en la producción y comercialización de una imagen especular de la molécula original (esteroisómero) sin ninguna ventaja sobre ella. Básicamente es el mismo medicamento mirándose en un espejo pero producido, patentado y comercializado como nuevo.
La patente por el Atazanavir, “propiedad monopólica de la BMS, se venció en el año 2017, es decir que no tiene la exclusividad y otro laboratorio podría comenzar a producirlo”. De momento no se ha presentado ningún laboratorio a tal efecto, confirmó a Redcom el Dr. Leonardo Verna, Ex Sub administrador del ANMAT
Pero, existe otra patente por sales o bisulfato de Atazanavir, vigente hasta el 2019 propiedad de la BMS. Es con esta patente que la provincia de Tierra del Fuego realizó el acuerdo de transferencia de tecnología con BMS para llevar adelante el “emblistado” del medicamento, remarcó Verna.
Este acuerdo es “idéntico al que se firmó entre el Estado brasileño y la Bristol Myers Squibb (2011), para la producción del Atazanavir”. El acuerdo tenía que ver con la trasferencia de tecnología y también se fraccionó y empaquetó en un primer momento hasta que Brasil utilizó la clausula de Licencia Obligatoria, por medio de la que se autoriza a algún laboratorio a elaborar medicamentos genéricos que no podrían producir por estar protegidos por las patentes.
La asociación del Estado provincial fueguino con la BMS traerá aparejado “la extensión de la exclusividad de la patente” del bisulfato de Atazanavir. Una vez expirada la patente, se le otorgará cinco años más de exclusividad para poder operar en el mercado, es decir, solamente la Bristol Myers Squibb lo podrá hacer. La patente del Atazanavir vence en 2019, que “casualidad que se han apurado a firmar este acuerdo. Desde el punto de vista de la empresa es genial. Pero tras el vencimiento de la patente se podría haber producido genéricos en la Argentina”, adelantó a Redcom Lorena Di Giano.

Aclaración

Dejamos sentado en este informe que Redcom intentó infructuosamente, hasta el momento de la publicación, contactarse con la Gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, como con el Ministro de Industria fueguino, Ramiro Caballero, para que confirmen, desmientan o aclaren las informaciones hoy publicadas en nuestros canales de comunicación.
Debemos mencionar también que teníamos pactada una entrevista con la Gerente de los laboratorios Bristol Myers Squibb, Argentina, la Sra. Florencia Davel para la semana del 18 de septiembre pero su secretaria comunicó la imposibilidad de darnos la misma. Luego de llamadas, emails, de ida y vuelta aún no hemos podido concretar lo pactado.
Por último decir, que llevamos más de un mes intentando dar con el Gerente de la Empresa DAFU S.A. de la ciudad de Ushuaia, TDF y por problemas de constantes viajes de dicha persona tampoco hemos logrado contactar.
Quedando desde ya el espacio abierto para que todas aquellas personas con las cuales no hemos podido tener su palabra en esta Investigación, lo puedan hacer cuando lo crean oportuno.
Fuentes
El Diario del Fin del Mundo
Crítica Sur
NP Nuevos Papeles
eProfesional
¨Lucrar con la Salud”, Gabriela Caliotti
Catalina Oquendo para The Big Pharma Project
Tiempo Argentino
CASmadrid.Org
“Medicamentos públicos, la soberanía incierta”, Silvia Montes de Oca
Diario Contexto
“Farmacéuticas quieren bloquear por tercera vez ley que beneficiaría a cien mil pacientes”, Fabiola Torres y Álvaro Meneses.
Ojo-Público, Industria Farmacéutica, medicamentos, Fabiola Torres López, Iván Herrera y Mayté Ciriaco. (TIEMPOar)
Fundación Grupo Efecto Positivo
InfoLeg (Ministerio de Justicia y DDHH. Presidencia de la Nación)
El Diario.es (Zona Crítica)
“Por qué el precio del tratamiento contra el sida ha bajado un 99%”, Lydia Molina.
Página 12
Agencia Matriz del Sur
Portal LaTDF.com.ar
El Telégrafo Diario Digital
News Medical Life Sience
Synaptica: Información Sanitaria e innovación social
“Más abusos de la bad pharma: Las estrategias “evergreening”, por NMurcia.
Pharma Baires
“El derecho a la salud y las patentes de medicamentos”, por Óscar Lanza.
Entrevistas
Dr. Daniel Gollan, ex Ministro de Salud de la Nación y miembro de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS)
Dr. Nicolás Kreplak, ex Viceministro de Salud de la Nación y Presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria
Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) y Coordinadora General de la Red Latinoamericana de Acceso a los Medicamentos (Red-LAM)
Dr. Leonardo Verna, Ex Sub administrador del ANMAT
Dr. Carlos López, Jefe de Laboratorio del Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego y miembro del Directorio del flamante Laboratorio del Fin del Mundo.



Deja un comentario

Ir a la barra de herramientas