NO A LA «INVESTIGACIÓN”, titulada “Validación/Evaluación en la Argentina de la Prueba Pre-académica” EN CABA-

Compartí en tus Redes Sociales

Desde el Frente Ciudadano por la Salud, la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) (Vicepresidencia para América Latina) y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) queremos expresar nuestro repudio y nuestra advertencia a toda la comunidad acerca de “la investigación”, titulada “Validación/Evaluación en la Argentina de la Prueba Pre-académica” presentada por la Licenciada Laura Beatriz Steinberg al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser realizada en veinte establecimientos educativos del nivel inicial de educación de gestión estatal tomando como sujetos del antedicho a niños y niñas que son parte de los mismos.

El Ministerio de Educación de esta jurisdicción aprobó este estudio al que sus mismos organismos de consulta y control le habían advertido en términos que llamaban a ser muy prudentes con el tema porque se corrían serios riesgos de infringir normas internacionales y nacionales de derechos humanos y educativos.

Un simple consentimiento de las familias de estos niños y niñas, que realmente desconocen para qué se utilizarán estos estudios, qué tratamiento se dará a la información recabada y la naturaleza de la misma investigación,, no es suficiente para poder avanzar en esta indagación de manera impune.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), llamó la atención sobre el convenio que se estaba firmando, en el mes de noviembre pasado, y afirmó, entre otras cosas, que “asimismo, se vulneran los derechos de las familias al pedirles que firmen un asentimiento para que sus hijos sean parte del experimento sin recibir ningún beneficio y se eluden todas las explicaciones y respuestas dadas a las mismas y a la comprensión plena por parte de las familias y se desconoce el lugar del docente en este proceso».

Por otra parte, en los fundamentos del pedido, el equipo de investigación afirma que “los trastornos de aprendizaje se multiplican en forma exponencial”, sin ninguna documentación que respalde una afirmación que entendemos temeraria, además de falsa. Lo que advertimos es que lo que sí estamos comprobando es la tendencia a la “patologización y medicalización de la infancia”, como lo indica con mucha contundencia la Dra. Gabriela Dueñas, una de las más importantes especialistas que contamos sobre esta temática grave en el terreno en el que confluyen las prácticas pedagógicas y las áreas de salud.

Por otra parte, la investigación no hace mención que estudios similares se estén realizando sobre niños y niñas de otros sectores sociales más altos, con lo que podríamos estar, además, ante un caso de estigmatización educativa de la pobreza, cosa que ya hemos notado lamentablemente en otras afirmaciones que provienen de sectores cercanos a las neurociencias.

Resulta preocupante también que el título de la investigación haga referencia a la situación “en Argentina”, cuando se propone realizar un estudio en 20 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, pretendiendo una extensividad que la investigación no posee.

Como el proceso ha seguido adelante, un grupo de familias está preparando una medida cautelar para detener su implementación. Desde nuestras organizaciones acompañamos esta intención, ya que no podemos permitir que se vulneren derechos de los niños y niñas y de sus familias de ninguna manera. En particular, se están afectando los derechos a estar debidamente informados, a participar y ser consultados, y al acceso a la información pública, que resguardan los convenios y pactos internacionales de derechos humanos y numerosas leyes y normativas nacionales.

Es necesario advertir que no estamos en contra de los estudios o investigaciones que se consideren pertinentes para mejorar la educación de nuestros niños y niñas, pero los mismos deben hacerse en las condiciones y modalidades que no afecten derechos ni condiciones educativas de los mismos, sobre todo en las instituciones de gestión estatal, en las que el Estado debe garantizar estrictamente la calidad de las mismas y explicitar el uso posterior de los datos obtenidos, es decir, el fin de la investigación que se propone.

En los próximos días, convocaremos a una reunión con diferentes actores de la comunidad educativa para definir los próximos pasos a seguir en referencia a esta delicadísima cuestión, que se suma a los otros golpes y amenazas que está sufriendo la educación pública de la CABA en los últimos meses de manera continua y cada vez más intensa. En este caso , la vulneración de los derechos de los niños, sus familias y la desconsideración de los equipos docentes en las decisiones que atañen a sus comunidades nos parece en extremo preocupante .

Buenos Aires, 25 de febrero de 2019




Deja un comentario