Los medicamentos: Una “mercancía” que no garantiza el derecho humano a la salud.

Por: Conrado Ugarte
Para contextualizar y profundizar la Investigación que venimos realizando desde Redcom sobre el accionar de las Multinacionales Farmacéuticas en relación con el Estado y con el Sistema de Patentes de medicamentos, nos hemos puesto en contacto con Lorena Di Giano, directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) y Coordinadora General de la Red Latinoamericana de Acceso a los Medicamentos (Red-LAM), para focaliza en el accionar y en el entramado de relaciones monopólicas-estatales que trajeron aparejada la anulación de las guías de patentabilidad y sus consecuencias para el acceso universal a los medicamentos.
En Argentina, las Multinacionales farmacéuticas vienen adelantado solicitudes de patentamiento ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), en medio de la firme oposición de varias organizaciones civiles como la Fundación GEP. De conseguirlas, algunas podrán bloquear la competencia de medicamentos genéricos hasta 2028, como es el caso de la monopólica Gilead.
En un excelente informe de Catalina Oquendo para The Big Pharma Project anticipaba que en las compras públicas de Argentina, entre los top de los medicamentos más caros está la Emtricitabina, para el tratamiento del VIH, que cuesta 261 pesos la píldora; el Imatinib, para el tratamiento del cáncer, cuya pastilla cuesta 954 pesos; y la Clofarrabina, cuyo frasco ampolla le costó al gobierno 1190 pesos en 2015. Eso, sin contar la Kaletra en jarabe , cuya unidad cuesta 872,16 pesos.
“El precio (de los medicamentos) se está convirtiendo en una gigantesca extorsión para los gobiernos”, señalaba el ex ministro de Salud Ginés González García. Tan solo la Dirección Nacional de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), destina el 86% de su presupuesto a la compra de medicamentos Antirretrovirales.
De acuerdo al informe de Oquendo, el 52% de las compras de medicamentos antirretrovirales, en 2015 se hizo a través de licitaciones públicas, el 47% directas y el 1% por otros mecanismos. En ese 47% de los casos se encuentra todo un grupo de medicamentos para cuya adquisición carece de sentido realizar un concurso de precios dado que existe un único proveedor, justamente porque son medicamentos bajo patente, indica el informe que analizó las compras públicas de medicamentos de VIH.
De este modo, los más beneficiados con la venta de medicamentos antirretrovirales al gobierno entre 2015 y 2016 fueron los laboratorios Global Farm (que es distribuidor de Bristol Myers Saquibb y Msd), Gador (concesionario de Gilead), el laboratorio nacional Richmond, Kampel Martian y Jansen Cilag Farmacéutica.
El aumento en el precio de los medicamentos no es reciente, excepcional ni un fenómeno producido sólo por la inflación u otras circunstancias económicas, sino “el resultado de la especulación de un sector que busca asegurar monopolios y negocios sobre medicamentos esenciales abusando del sistema de patentes”, sentencia Lorena Di Giano.
Guías de patentabilidad
En 1994 se firma un “acuerdo internacional sobre aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio”. A partir de ese momento se “globaliza un sistema de patentes que trata a los medicamentos como una mercancía, generando derechos exclusivos sobre estos”, subraya Di Giano.
En 2012, el gobierno argentino estableció las pautas para el “examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”, que indica los criterios de inventiva, novedad y aplicación industrial. “Eso fue una bomba muy grande para las multinacionales”, esa guía ha permitido que solamente se le otorgara patentes a aquellas solicitudes que realmente significaban una innovación.
Según el informe de la Campaña Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras, desde que Argentina promulgó esta guía, el “95% de las aplicaciones de patentes de ARV han sido rechazadas, un incremento de la tasa de rechazo del 51%”. Un año después, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que agrupa a farmacéuticas de Estados Unidos y Japón, entre otras, demandó al gobierno argentino por esas pautas. El caso se encuentra aún en trámite en el Juzgado Civil Comercial Federal 1, finaliza el Informe de Oquendo.
Estas políticas se llevaron a cabo hasta diciembre de 2015, cuando el INPI pasó a estar en manos del abogado Dámaso Pardo, “que forma parte de un estudio jurídico en conjunto con Martínez de Hoz-Grondona que se han dedicado en estos últimos veinte, veinticinco años, a litigar en contra del Gobierno Nacional argentino y a favor de las multinacionales farmacéuticas”, enfatiza Daniel Gollan, Ministro de Salud de la Nación mandato cumplido. Esto está relacionado, por un lado, “con un convenio bilateral que se firmó con los EEUU”, específicamente con la Oficina de Patentes y por otro lado, con un convenio con la Unión Europea, “donde se facilita ese ingreso masivo de productos con derechos de exclusividad”, añade Gollan.
Cuando analizamos en profundidad las “estructuras de estas compañías farmacéuticas vemos a inversores por detrás, a gente que está esperando lucrar y obtener sus retornos de esas inversiones”, remarca Di Giano. Todo esto se hace en torno a los medicamentos. Un “bien social”. “Los medicamentos no son mercancías sino un bien social que garantiza el derecho humano a la salud”.
ENTREVISTA A LORENA DI GIANO
Redcom: – ¿Cómo se da la relación monopólica de las multinacionales farmacéuticas en los distintos países de Latinoamérica en el marco del Sistema de Patentes de medicamentos?

Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo
Lorena Di Giano: – Lo primero que hay comprender es que: en 1994 se firma un acuerdo internacional sobre aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio. Este tratado es obligatorio para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de reformar sus leyes de patentes y para aquellos que aún no las tenían, de adoptarlas. A partir de ese momento se globaliza un sistema de patentes que trata a los medicamentos como una mercancía, generando derechos exclusivos sobre estos. Este sistema es un instrumento muy efectivo para la industria farmacéutica, creando monopolios para algunos y exclusiones a otros de la posibilidad de fabricar, comercializar e importar productos farmacéuticos.
En la Argentina, teníamos una ley de patentes pero para otros productos que no eran de tecnologías médicas. Este acuerdo internacional significó que por primera vez, por ley, tuviésemos que reconocer las patentes farmacéuticas. A partir de ese momento, para la Argentina, se comenzó a complicar en términos de restricciones en el acceso a las tecnologías. No se podía fabricar porque la tecnología era extrajera. Este es uno de los efectos que producen las patentes. Como consecuencia de esto, comienzan a aumentar los precios porque los monopolios, titulares de las patentes, le colocan los precios que mejor les convienen.
Cuando analizamos en profundidad las estructuras de estas compañías farmacéuticas vemos a inversores por detrás, a gente que está esperando lucrar y obtener sus retornos de esas inversiones. Todo esto se hace en torno a los medicamentos. Un “bien social”.
Este sistema de patentes se vendió entre los países industrializados en el marco de la OMC, como que esto iba a traer más desarrollo en tecnología en todas las áreas en general y en los medicamentos en particular.
R: -Pero ese desarrollo tecnológico en medicamentos se ha dado a medias, no podemos hablar de todas las áreas de la salud.
L.D.G.: –Exacto. Cuando hablamos de la salud y pensamos que hoy hay personas que se mueren por no tener acceso a las tecnologías y que se desarrollan paralelamente al desarrollo de la humanidad, pensamos si este sistema ¿sirve o no sirve? La verdad es que no sirve. Sirve en el sentido que se desarrollan tecnologías que le conviene al mercado. Es decir, se desarrollan medicamentos que convienen para el retorno económico.
R: – ¿Cuáles son los hechos puntuales que se vienen dando a partir de diciembre de 2015 para que las multinacionales farmacéuticas se muevan libremente en la Argentina?
L.D.G.: – Siete años después de haberse firmado el acuerdo de 1994, se negoció lo que se llama la Declaración de Doha. En ella se ponen a disposición de los distintos países instrumentos de salvaguardas de salud. La salvaguarda más importante, que también la tenemos en nuestra ley, es fijar unos criterios de patentabilidad estrictos a favor de la salud pública.
Lo que se hizo aquí en la Argentina desde el 2012, por la voluntad política de Cristina Fernández de Kirchner y sus ministerios, es una resolución conjunta que restringió muchísimo el otorgamiento de patentes. Esta es una medida que, por mi participación a nivel regional o a nivel global, veo que es un modelo en el mundo. Y lo que hace esta normativa, estas guías de patentabilidad, es decir qué es patentable y qué no. Por ejemplo, los pequeños cambios de pasar de una cápsula a un comprimido, eso no es patentable.
Durante la gestión del gobierno anterior se aplicaron las guías de patentabilidad y la oficina de patentes publicaba que el 90% de los pedidos de patentes eran Evergreening, es decir que no correspondía para que se les extendiera una patente. Teníamos unos estándares muy valorados y muy efectivos para proteger la salud pública.

Dámaso Pardo (der.) Presidente del INPI
Todo esto que señalamos, cuando cambió el gobierno nacional y cambió la gestión del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), lo tiran por la borda o tratan de desmantelar estas guías de patentabilidad a través de distintas resoluciones. Hoy, el INPI, está presidido por Dámaso Pardo, un abogado que usualmente representaba a las multinacionales farmacéuticas en las solicitudes de patentes. Además se ha firmado un acuerdo entre el INPI y la oficina de patentes de los EEUU, lo que implica que una patente solicitada por un argentino va a ser evaluada y examinada con los estándares del país del norte. Esto se ha hecho saltando al Congreso Nacional y modifica sustantivamente la normativa que tenemos como nación. Nos llama poderosamente la atención que un abogado, que ha estado en el sector de la industria, representando los interese del sector de la industria, cambie esa posición para irse de presidente del Instituto de patentes, un rango considerablemente menor, pero es evidente que le sirve de instrumento a la industria multinacional para hacer sus negocios.
Nos hemos reunido con este señor y nos ha dicho que él está allí para otorgar derechos, y lo que entendemos nosotros es que está en ese cargo para cuidar el interés público. Esta mentalidad lo que ha hecho realmente, es otorgar patentes que no corresponden.
También hemos observado las compras públicas, que desde el Ministerio de Salud de la Nación se han realizado en materia de VIH Sida y Hepatitis.

Fuente: Fundación GEP.
Nuestros últimos estudios arrojan un incremento considerable de las compras a las multinacionales y no tanto a los productores locales. Aquí el único perjudicado es el ciudadano que necesita el medicamento y que si lo tiene que pagar de su bolsillo está sumamente caro, y si lo tiene que pagar el Estado, como ocurre con los medicamentos de la Hepatitis C, tienen unos precios tan exorbitantes que no los pueden comprar. Frente a esto ¿qué hace el Ministerio de Salud? Está proveyendo medicamentos para la Hepatitis C, pero a partir de un listado de pacientes de suma urgencia. Es decir, están tratando a todos lo que se encuentran más graves, y a los demás que están infectados les dicen: usted espere hasta estar muy mal para poder hacer el tratamiento.
R: -En el año 2015 la gestión anterior realizó una compra importante del medicamento Atripla para el VIH del Laboratorio Cipla de la India. En esa inversión la Nación se ahorró unos 181 millones de pesos y cubriría los tratamientos de todo el año 2016. ¿Dentro de que marco se hizo la compra a la India y por qué?
L.D.G.: – Para la compra del Atripla, nosotros comenzamos a trabajar dos años antes, porque detectamos que en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) se había registrado un pedido de patente, y frente a este pedido le hicimos una oposición. Le llevamos al INPI pruebas y argumentos de que no correspondía el pedido de patente ya que era una combinación de drogas que ya habían cumplido su patente y algunas se encontraban en el dominio público. Es decir, la Compañía Farmacéutica, rejuntó las drogas y pidió una patente.
En aquél momento comenzamos a hablar con las autoridades del Ministerio de Salud que se podía comprar un genérico de una línea mejor y a mejor precio, al menos como transición. Nosotros creemos que hay que trabajar para desarrollar nuestra industria nacional, este es un componente básico. Pero como transición, para poder tener una baja sustancial de precios, traer este medicamento desde la India era una posibilidad. Pero hubo que hacer un trabajo de comprensión de que no había una patente por más que había un pedido de patente. Si no se otorga, si no se resuelve, no hay un derecho.
Todo esto fue gracias a un trabajo sostenido que se desarrolló durante dos años, al que se añadió el Dr. Daniel Gollán, Ministro de Salud de la Nación en el último periodo del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, quien avanzó muchísimo en esa comprensión del tema.
R.: – Háblenos sobre esa compra a la India del medicamento para el VIH, Atripla, que se realizó durante el ministerio del Dr. Daniel Gollan.
L.D.G.: – El Dr. Daniel Gollán fue el ministro que más entendió nuestra demanda y comenzó a gestionar la compra a la India, del Atripla para VIH Esa compra representó un ahorro a la Nación de 181 millones de pesos. Para que se den una idea el laboratorio Gador (concesionaria de la Multinacional Farmacéutica Gilead) pasó un presupuesto por el medicamento de $90 por comprimido, cada frasco para el tratamiento del VIH contiene 30 unidades es decir $2.700 cada frasco, y el laboratorio Cipla de la India nos vendió el genérico a $4 por unidad, es decir $120 por frasco. Casi veintidós veces menor al de la Multinacional Farmacéutica.
El costo de producción de los medicamento no es para nada alto como para poner esos precios desmedidos. Ahora estamos discutiendo en un simposio, el medicamento central para el tratamiento de Hepatitis C, el Sofosbuvir. La Compañía farmacéutica lo largó al mercado a un precio de 84.000 dólares por persona y para doce semanas que dura tratamiento. Si el paciente está en un estado avanzado de la enfermedad, tenemos que duplicar el tratamiento, así que estaríamos hablando de 164.000 dólares!
R: – Frente a esta situación monopólica de la Industria Farmacéutica que ejerce en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Por qué no se activa la compra a la India del Atripla para el VIH?
L.D.G.: – Aquí hay otros problemas. El mercado actual no es el mismo mercado de hace diez o quince años. En el actual, los genéricos de la India han sido comprados por las multinacionales. Realizan acuerdos comerciales para dominar el mercado, y en esos acuerdos, por ejemplo, un laboratorio de los EEUU le transfiere la tecnología a la India y los indios están firmando. El problema radica en que a los países de renta media, media alta, no les pueden vender medicamentos en el marco de esos acuerdos comerciales.
Lo que ha ocurrido en la gestión del Dr. Gollán donde se compró el Atripla para el VIH, también estuvieron hablando por el Sofosbuvir para la Hepatitis C. Para este último los indios le contestaron que no le podían vender el medicamento a la Argentina por acuerdos comerciales en donde existe ese compromiso para la venta a determinados países. El mudo está cooptado por estas multinacionales farmacéuticas.
Con el Atripla se pudo realizar la compra porque la patente estaba pendiente, no había ninguno de esos acuerdos y se pudo comprar. Además, porque son drogas de muchos años. Ahora con las nuevas, bajo las Licencias Voluntarias, el panorama es otro completamente diferente. Hoy en día se ha generado un sistema paralelo al de patentes que no importa si lo tienen o no, sino que si tienen la tecnología firman esos tratados, generando otras barreras. Estas nuevas barreras impiden que ciertos países con determinadas características económicas puedan acceder a comprar determinados medicamentos.
R: – Teniendo en cuenta este grado de dependencia y de no acceso a los medicamentos: ¿Cuál sería la solución?
L.D.G.: – La salida a esto en versión pública es el desarrollo de tecnologías para no tener más que depender de ellos. Hay que proponer medios alternativos de desarrollo para la producción pública. Pero el Estado como garante de producción. No se trata de traer medicamentos para toda la población y que nos cobren lo que digan las Compañías Farmacéuticas. El Estado tiene que invertir en el desarrollo de tecnologías, en tecnologías alternativas, para cubrir todas las necesidades en materia de salud. Las políticas en materia de salud las define el Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades sanitarias, es decir las empresas, no.
Por otro lado, la producción pública es sin fines de lucro. Nosotros queremos un mercado mixto. Por una cuestión de disponibilidad los otros también tienen que estar, pero debe existir una regulación de precios. El efecto regulatorio, en la reducción de precios que tiene una licitación en el sistema público de un genérico, es muy importante.
R: – Esto que plantea, y que es una política de Estado, se desarrolló hasta diciembre de 2015. Fue difícil el lidiar contra el gigante farmacéutico, pero en la presente gestión todo ha cambiado. ¿Qué han venido haciendo desde el Grupo Efecto Positivo en estos últimos años?
L.D.G.: – También dependemos del ámbito internacional. Estos acuerdos que se han firmado con la OMC son vinculantes, después si el país no los va a cumplir quedamos aislados. Por ejemplo, Venezuela no reconoce patentes y así les va, ya que lo han comenzado a bloquear. Frente a esto nosotros, el Grupo Efecto Positivo (GEP), hacemos intervenciones a nivel de oposiciones en la Oficina de Patentes, dialogamos con el Ministerio de Salud de la Nación, hacemos gestiones en materia política, en coordinación con distintas Organizaciones de otros países de la región. Al más alto nivel político que hemos llegado es al llamado de Acceso a Medicamentos e Innovación, que realizó Ban Ki-moon, cuando todavía era Secretario de Naciones Unidas. Personalmente fui convocada para integrar el grupo de expertos de ese panel.
Ban Ki-moon, antes de dejar su cargo, sacó unas recomendaciones para derecho a la salud y para el derecho intelectual que tienen las Empresas Farmacéuticas. Desde el GEP hicimos propuestas revolucionarias, pero no fueron las que quedaron. La Industria Farmacéutica tiene mucho lobby en ese ámbito. El informe que luego sacó el ex secretario de Naciones Unidas fue la reiteración de años y años de las mismas cosas, como que los Estados tienen el derecho a la salvaguarda, o los derechos de patentabilidad. Las guías de patentabilidad, aquí en la Argentina, están atacadas por CAEME, la cámara que nuclea a las multinacionales farmacéuticas. Veintiséis compañías adhieren a la demandad, donde el eje central es la anulación de esas guías de patentabilidad.
R: – Para que un laboratorio público de producción de medicamentos ingrese a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANPLA): ¿Qué características debería tener o que requisitos tendría que cumplir para dicho ingreso?
L.D.G.: – Hay estándares que debe cumplir y que los fija la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que es un organismo descentralizado de la Administración Pública nacional. Es quién garantiza que los medicamentos posean eficacia terapéutica, nutricional o de diagnóstico, seguridad y calidad.
El ANMAT controla los laboratorios, nacionales, privados, públicos y también los productos que se producen y los que se intenten registrar. Lo que sí te puedo decir es que la administración controla mucho más a los laboratorios públicos que a los que son privados o de origen transnacional.
R: – ¿Ustedes tienen conocimiento de la creación del Laboratorio del Fin del Mundo S.A. en Ushuaia, Tierra del Fuego?
L.D.G.: – No. No tenemos conocimiento.
R: – Es un Laboratorio que se va a dedicar, de momento, al fraccionamiento y empaquetado del medicamento Atazanavir para el VIH de la Multinacional Bristol Myers Squibb quien le transferirá tecnología. Se ha firmado un acuerdo entre los dos laboratorios el 15 de agosto de este año, y el principal comprador será el Estado nacional.
R: – No lo conocemos. Si el Estado es su principal comprador, no me extrañaría. Pero recuerdo el acuerdo firmado entre Brasil y la Bristol Myers Squibb (2011), para la producción del Atazanavir. El acuerdo tenía que ver con la trasferencia de tecnología y también se iba a fraccionar y empaquetar.
Esto trae aparejado la extensión de la exclusividad. Una vez expirada la patente, se le otorga cinco años más de exclusividad para operar en el mercado, es decir, solamente la Bristol Myers Squibb lo podrá hacer. La patente del Atazanavir vence en 2018, que casualidad que se han apurado a firmar este acuerdo. Desde el punto de vista de la empresa es genial. Pero fíjate que tras el vencimiento de la patente podríamos haber estado produciendo genéricos en la Argentina.



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