Alerta por riesgo sanitario

Los trabajadores del Senasa denunciaron la eliminación de controles

Mientras mantienen un plan de lucha en repudio de los 130 despidos confirmados en la víspera, los empleados del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria advirtieron que la consecuencia directa del brutal ajuste en el organismo será la desaparición de varios programas de control Fito-Zoosanitarios, que pondrán en grave peligro la salud de los argentinos, además de afectar las exportaciones de alimentos.

 

A través de un comunicado, los trabajadores del Senasa denunciaron que el desfinanciamiento de áreas específicas de control repercutirá también en las exportaciones de productos alimenticios argentinos y que el Gobierno Nacional se propone “transferir responsabilidades” a entes privados.

En el documento, los trabajadores del organismo aseguraron que para evitar el “desguace” del ente público iniciarán un “plan de lucha nacional” y denunciarán la situación ante organizaciones internacionales encargados de velar por las condiciones básicas de seguridad agroalimentaria que debe garantizar la Argentina en materia Fito-Zoosanitaria para exportar alimentos.

“Lejos estamos de convertirnos en el ‘Supermercado del Mundo’ (palabras del presidente Mauricio Macri), ya que para que eso sea posible hay que implementar políticas de fortalecimiento del Sistema Fito-Zoosanitario nacional, para que Argentina sea creíble en el mundo y así pueda exportar sus productos”, agregaron los trabajadores del organismo, quienes subrayaron que las provincias que sufrirán mayor riesgo sanitario serán Entre Ríos, Tucumán y Corrientes, en las cuales las autoridades del Senasa “levantaron las barreras” de Villa Olivari y Yapeyú, San Jaime de la Frontera y 7 de Abril al personal que efectuaba los controles.

En el caso de Entre Ríos, los trabajadores del Senasa  explicaron que se detectó la presencia de una plaga, el HBL, que afecta a los cítricos y pone en jaque su exportación. Pero además, hicieron hincapié en que el objetivo central del ajuste implementado por la alianza gobernante es dejar en manos de la Fundación Citrícola, un ente privado, la responsabilidad de monitorear y controlar a la bacteria. “Ellos se resisten porque les no garantizan los fondos para hacerlo (que es una responsabilidad indelegable del Estado)”, aclara el comunicado.

Según los empleados del organismo “corren el mismo riesgo otros programas sanitarios”, entre ellos los que combaten el Picudo del  algodón; la mosca de los frutos (que afecta la producción frutohortícola de todo el país) y la Lobecia Botrana, plaga que afecta la producción de vides.

Ayer la ola de despidos que azota a distintas dependencias del Estado llegó también al Senasa, donde a los trabajadores se les comunicó, a través de una plataforma del Ministerio de Modernización, que compila los datos de todo el personal, que habían prescindido de sus servicios a partir del 31 de diciembre.




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