Ciudadanía y Salud Mental

Situación de la Salud Mental en la Argentina

La salud mental de quienes integran una sociedad nunca fue ni puede ser un ente abstracto desvinculado de sus condiciones de existencia.

Tras más de una década de recuperación progresiva de soberanía, identidad común, ciudadanía y construcción colectiva de presente y futuro, asistimos a un proceso de desarticulación social y al reemplazo del papel promotor de equidad y justicia por parte del Estado por el despliegue descarnado del interés corporativo y el uso arbitrario y cada vez más violento del poder. Potenciado por el brutal bombardeo de mensajes dirigidos a desmentir la experiencia cotidiana, un clima asfixiante de perplejidad, desazón y descreimiento recae sobre los más dañados por las políticas vigentes, y deteriora la Salud Mental de un conjunto social donde la noción misma de ciudadanía se va vaciando de sentido.

Un gobierno que toma medidas económicas que arrasan con miles de proyectos de vida, que ataca toda organización que limite la voracidad de los poderosos, que exalta la supremacía de lo individual en aras de la presunta “eficiencia” del todos contra todos, que degrada la calidad de vida de las mayorías, estrecha su horizonte de futuro y pretende borrar toda huella de memoria, verdad y justicia, no puede sino generar un clima de desconfianza, tristeza y violencia en los lazos que ligan cada vida personal con la sociedad que integra. Los efectos sobre la salud mental son múltiples y evidentes. El uso del poder sobre el otro sin otro límite que la pura relación de fuerza, es una pedagogía brutal que el gobierno imparte cada día: el incremento de la violencia en general y de la violencia de género en particular es uno de sus más trágicos resultados  

La plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que requiere de la articulación de distintas instancias de gestión estatal y de voluntad política y social para su concreción, ha entrado por parte del gobierno nacional en un limbo signado por la recurrente afirmación discursiva de su vigencia y la ausencia de toda iniciativa destinada a concretarla. La desactivación de numerosos programas orientados a su implementación hablan a las claras de la intención opuesta.

Es evidente que, por acción y omisión, el gobierno nacional se propone retroceder en las conquistas que la LNSM plasmó: de una concepción de la salud como derecho, a la enfermedad como oportunidad de negocios; de un Estado promotor de salud y garante de 

la mejor atención de quien la necesite, a un paquete de prestaciones limitados por nivel de ingresos (C.U.S.); del desafío de abordar la complejidad con enfoques de salud comunitaria, al reduccionismo biomédico y los protocolos de la felicidad programada.

Basta citar entre muchos otros ejemplos la designación a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental  de un notorio opositor a la ley que debe implementar; el estancamiento del proceso de adecuación de programas iniciado con las universidades de todo el país; los intentos de desactivar al Órgano Nacional de Revisión (ONR) y al Consejo Consultivo Honorario; el retiro de equipos territoriales; el viraje desde el “abordaje de consumos problemáticos” hacia un discurso centrado en la “guerra contra las drogas” o el letargo alarmante – cuando no el franco retroceso – en relación al mandato de la desmanicomialización.

El avance de la tendencia a la patologización y medicalización (cuando no a la punición) de niños, niñas y adolescentes y la insistencia en bajar la edad de imputabilidad, evidencian cuáles son “los cuidados” que se proponen para ellas y ellos. En el límite entre el cinismo, la torpeza y la perversión, se privilegia un enfoque biomédico por sobre el abordaje de la complejidad y las prácticas de cuidado, mientras los recortes en el Plan Remediar y en las prestaciones del PAMI dificultan el acceso a los medicamentos.

No es extraño que en este contexto las corporaciones y grupos que siempre obstaculizaron el proceso de sanción, reglamentación e implementación de la LNSM, redoblen esfuerzos en defensa de sus intereses económicos y corporativos.

En los servicios de salud, los trabajadores reciben a hombres y mujeres – y más que nunca a niños y jóvenes- que evidencian en su subjetividad y en sus cuerpos los efectos devastadores de las políticas económicas y sociales, mientras ven degradarse las herramientas con que podrían alojar el sufrimiento que éstas conllevan.

Mientras tanto, otra realidad se va abriendo paso

Numerosas organizaciones sociales, comunitarias, gremiales y profesionales resisten consolidando redes, “hacen el aguante” sosteniendo dispositivos de atención, espacios de producción y de organización, plantean la plena vigencia de los postulados de la ley, sostienen en cada dispositivo y en cada práctica la centralidad del enfoque de derechos. El sostenimiento del Consejo Consultivo Honorario por parte de las organizaciones que lo componen; la existencia de fallos del Poder Judicial que se enmarcan en la Ley de Salud Mental, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, el Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes y el nuevo Código Civil; algunas iniciativas públicas provinciales o municipales que intentan generar intersectorialidad y abordajes comunitarios o la puesta en marcha de órganos de revisión locales; el crecimiento de las agrupaciones de personas usuarias; la multiplicación de redes, agrupamientos y encuentros, así como la puesta en discusión en ámbitos académicos de los programas y tradiciones formativas – entre muchos otros ejemplos – dan cuenta de un piso de conciencia y de organización que no será fácil destruir.

Se impone una pregunta: ¿cómo seguir?

Situación política y campo de la Salud Mental

Vivimos un presente signado por los retrocesos en el ejercicio del derecho a la salud – entre tantos otros – con un gobierno que conserva la iniciativa y  un campo popular que marcha a construir la alternativa capaz de recibir y canalizar la insatisfacción creciente, articular demandas y disputar hegemonía: esta etapa tendrá en octubre un punto de inflexión en el que las políticas de Salud serán parte de una disputa en la que invitamos a distinguir tres planos

  1. Un plano estrictamente político, que demanda el aporte de proyectos de salud/salud mental para una sociedad inclusiva, esa que se expresa cuando decimos “la patria es el otro”
  2. Un plano directamente ligado al territorio y a las prácticas en Salud Mental como parte del campo de la salud, que permita frenar el deterioro que producen las políticas neoliberales
  3. Un plano ligado a las tareas específicas de los trabajadores de la SM que interrogue su formación, sus prácticas y su relación con los desafíos actuales en el marco de la implementación de la ley

¿Qué tareas proponernos en cada uno de estos planos?

1: En el plano político general

Contribuir a la construcción de proyectos de SM acordes a la situación de cada territorio, con la implementación de la Ley Nacional como eje orientador   

2: En el plano territorial

Encarar y fortalecer acciones o proyectos que aporten a moderar el daño de las comunidades y de los trabajadores del campo: articular la resistencia, frenar la dispersión, alojar y cuidarnos unos y otros, preservar, ampliar y consolidar las experiencias haciendo red.

3: En el plano laboral/profesional

Aportar a la revisión crítica de los criterios de formación, capacitación y desarrollo de los procesos de trabajo interpelados por la situación actual

¿Con quienes?

Con todos los que crean en la salud como derecho y en un estado que lo garantice. La plena implementación de la Ley de SM es una divisoria de aguas que permite confluir con personas y grupos muy diversos en ese horizonte común.

Para nosotros ese horizonte se inscribe y es coherente con un proyecto político general. Pero será marchando en defensa del cometido común junto a todos los afectados por las políticas del gobierno de “Cambiemos” que llegaremos a construir la fuerza que detenga y acabe derrotando al proyecto neoliberal

En cada ámbito de inserción comunitaria, territorial o laboral, en las instituciones o redes de las que participemos a nivel local, regional y  nacional, este es el camino que proponemos para recuperar ciudadanía y ampliar y consolidar la alternativa en marcha hacia la soberanía nacional y popular.

SIN CIUDADANÍA NO HAY SALUD MENTAL –  LA PATRIA ES EL OTRO

 

Fuentes consultadas:

  1. Estado y situación de la Salud mental en Argentina (IP)
  2. El cambio es el retroceso- J. Ferreira y A. Stolkiner (Pág 12)
  3. Informe del Consejo Consultivo Honorario
  4. Informe Talleres sobre S. Mental – Jornada de equipos de Salud- diciembre 2017– IP – UNLa
  5. Informe 2016 de la Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y DDHH



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